CONSUMUR reclama mayor regulación y control de las clínicas con modelos franquiciados para evitar la desprotección de las personas consumidoras

La organización trasladó a la Directora General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia su preocupación por los cierres repentinos de clínicas odontológicas y de estética y las consecuencias que están teniendo para sus usuarios

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, mantuvo ayer una reunión con la Directora General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, Mª Fuensanta Martínez Lozano, así como con el Jefe de Servicio de Ordenación y Planificación Farmacéutica de la Región de Murcia, Claudio Buenestado Castillo.

En la misma se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la protección de las personas consumidoras en el ámbito de los servicios sanitarios, prestando especial atención a la situación de las clínicas odontológicas y de estética que operan bajo modelos de franquicia.

Durante el encuentro, CONSUMUR trasladó su preocupación por los recientes cierres repentinos de establecimientos de este tipo, como el caso de la cadena odontológica Vivanta y el centro de estética Depilife, que están dejando a numerosos usuarios en situaciones de incertidumbre y desprotección, especialmente cuando han abonado por adelantado sus tratamientos o se encuentran en mitad de un procedimiento que requiere continuidad asistencial.

En este sentido, el presidente de CONSUMUR, Roberto Barceló Vivancos, advierte de que “existe una clara inseguridad para los usuarios de estas clínicas que, una vez se produce el cierre de alguna de ellas sin previo aviso y sin posibilidad de recibir la información al respecto por los directivos al frente de las mismas, quedan en una situación de desprotección”.

Barceló señala que una de las principales consecuencias es la imposibilidad de acceder a sus historiales clínicos, un documento fundamental para poder ejercer sus derechos y reclamar posibles indemnizaciones, incluida, cuando proceda, la cancelación de los préstamos al consumo que hubieran solicitado para financiar los tratamientos.

No obstante, el presidente de CONSUMUR subraya que la consecuencia más preocupante es la interrupción de los tratamientos iniciados y la necesidad de garantizar su continuidad con otros profesionales sanitarios. Una situación que, según advierte, “puede ocasionar graves problemas de salud bucodental y derivar en otros de consecuencias imprevisibles, incluso de carácter psicológico”.

Ante esta realidad, el Presidente de CONSUMUR considera que “la Administración debe explorar vías jurídicas que, sin vulnerar la privacidad de este tipo de establecimientos sanitarios, prevalezca la protección del consumidor y más cuando se trata de aspectos relacionados con su salud y seguridad personal”.

Asimismo, la asociación considera fundamental reforzar la información que reciben los usuarios antes de contratar estos servicios, especialmente en lo relativo a la identificación de la empresa responsable, las condiciones económicas de los tratamientos, los pagos anticipados, la continuidad asistencial y los mecanismos de reclamación en caso de incumplimiento, para lo que se acordó trabajar en el desarrollo de una campaña informativa conjunta.

La protección de los usuarios debe estar por encima de los intereses empresariales

CONSUMUR entiende que la prestación de servicios sanitarios no puede quedar al margen de unas garantías de control y responsabilidad acordes con la naturaleza de la actividad que se desarrolla. La expansión de modelos empresariales basados en franquicias hace necesario prestar especial atención a quién asume la responsabilidad efectiva sobre los tratamientos, cómo se garantiza su continuidad y qué mecanismos existen para proteger a los pacientes ante situaciones de cierre o insolvencia.

La organización continuará trabajando con las administraciones competentes para trasladar las preocupaciones de las personas afectadas y promover medidas que eviten que situaciones como las vividas en las últimas semanas vuelvan a repetirse.

CONSUMUR insta a las personas que se hayan visto afectadas por el cierre de este tipo de centros a que acudan a la organización. Se pone a disposición de las mismas el Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario de CONSUMUR, 968 22 30 82, así como el correo electrónico del Área de los Servicios Jurídicos, serviciosjuridicos@consumur.org. También pueden contactar a través del WhatsApp 638 232 955 y accediendo a la web www.consumur.org.

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