La organización considera un agravio que la Iglesia tenga una casilla propia en detrimento de las demás religiones y organizaciones sociales
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, lleva años manifestando su postura contraria a la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica, la casilla 105 que los contribuyentes pueden seleccionar como una de las opciones, aunque puede marcar también la 106 (fines de interés social) o ambas, para destinar un 0,7% de la cuota del IRPF, en el momento de presentar la declaración de la renta.
La organización ya remitió el pasado año un escrito con esta solicitud a la Ministra de Hacienda, con copia al Presidente del Gobierno así como a la Presidenta del Congreso de los Diputados y los respectivos grupos parlamentarios del mismo, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha.
CONSUMUR considera que existe una importante falta de información a los contribuyentes sobre el destino de la cuantía que se recauda marcando cada una de las casillas, especialmente la relativa a la Iglesia Católica, dado que existe la idea generalizada que ese dinero se invierte totalmente en la realización de acciones para paliar necesidades sociales, no siendo realmente así.
La organización considera un agravio el que se continúe con esta fuente de financiación, entendiendo que la misma debería ser exclusiva de los fieles, aumentando en todo caso la cuota en su IRPF, y no del fondo común de todos los ciudadanos, cristianos o no, de los presupuestos generales.
Cabe precisar que en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 (del 0,7% del IRPF), esta institución recaudó429,3 millones de euros. Esto supone un incremento de 46,9 millones de euros, un 12% más que en la campaña del año anterior, según los datos facilitados por la Conferencia Episcopal Española (CEE)
Además, es necesario señalar que, de dicho importe, según datos de la propia Conferencia Episcopal, casi el 80% se dedica a pagar los sueldos y Seguridad Social de sacerdotes y obispos, y el resto a financiar a sus medios informativos, así como a campañas de concienciación que muchas veces chocan contra los derechos civiles. No más de 10 millones se dedican a Caritas, la organización social más importante dentro del seno de la Iglesia, que además, se ve beneficiada por otras cantidades millonarias de la casilla que los ciudadanos marcan por interés social, dado que esta organización también concurre a estas subvenciones.
No olvidemos que también y, por otro lado, los casi 430 millones recaudados del IRPF a través de la casilla 105 es una parte a la que hay que sumar los aproximadamente 11.000 millones anuales que el Estado aporta a la Iglesia Católica por otras vías, incluidas las exenciones fiscales.
Y esto sin tener en cuenta el dinero en ayudas que directa o indirectamente en conceptos múltiples recibe también de Comunidades Autónomas, ayuntamientos de todo el Estado español y de los propios fieles a través de donativos y de los cuales no se tiene constancia directa de su cuantía y destino.
En relación a ello, Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, manifiesta:
“Vaya por delante nuestro máximo respeto a cualquier religión o creencia. Es un asunto que se corresponde con el ámbito privado de cada persona. Pero distinto es cuando con los presupuestos públicos se financia una confesión, como la Iglesia Católica, en este caso, que es la única empresa, entidad o institución que posee una casilla propia en la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que recibe un porcentaje directo (un hecho insólito) de la recaudación que la Agencia Tributaria realiza sobre este tributo. Y, además, sin que dicha gestión le genere coste alguno.
Como cualquier otra entidad o institución, no se niega el derecho a concurrir en igualdad de condiciones que otras para financiar proyectos sociales, educativos, culturales o de cualquier índole de interés general, pero los mismos no pueden servir ni para adoctrinar ni para financiar una estructura religiosa. No voy a obviar que el modelo de aconfesionalidad que promulga nuestra Constitución, favorece el acuerdo con las distintas religiones de forma proporcional a su influencia social, pero no por ello, desde una organización que buscamos los intereses generales de los ciudadanos, sin ir contra nadie, intereses basados en aquellos aspectos que tienen que ver en la defensa de los derechos de éstos como consumidores y usuarios (no olvidemos que la educación, la sanidad, la cultura y otros lo son), deben de prevalecer por encima de cualquier actividad que podríamos ubicar en la privacidad, sin incluir en ésta aquellas actividades – las realice quien las realice – que favorezcan estos derechos.”
